Durante el consejo de ministros, el director de la Agencia Nacional de Tierras ANT, Juan Felipe Harman, manifestó que la entidad tiene la lupa sobre congresistas investigados por ocupar predios baldíos.
En el listado de ocho congresistas que están siendo investigados, la mayoría son de oposición y han votado en contra de las iniciativas del Gobierno.
La lista la integran los senadores Marcos Daniel Pineda en Cereté, Córdoba; Liliana Esther Bitar en Ciénaga de Oro y San Carlos, Córdoba; Samy Merheg en Vichada y Valle del Cauca (todos del Partido Conservador); Lidio García Turbay en San Juan de Nepomuceno, Bolívar (Partido Liberal); y familiares de Paloma Valencia en Vichada y Tolima (Centro Democrático).
Desde la Cámara, están Carlos Cuenca Chaux en Puerto Carreño, Vichada (Cambio Radical); Luis Eduardo Díaz Mateus en Cerrito, Santander (Partido Conservador); y Ana Paola García Soto (Partido de la U) en Buenavista, Córdoba.
Previamente, también se había vinculado a los representantes Wadith Manzur (Partido Conservador), Jorge Rodrigo Tovar Vélez (Curules de paz), Wilmer Guerrero (Partido Liberal) y Óscar Villamizar (Centro Democrático) con investigaciones de ocupación de predios baldíos.
De acuerdo con Harman, los congresistas mencionados tienen “procesos abiertos con identificación predial específica”, todos por “acumulación de baldíos”. Incluso, aseguró que “al menos uno de cada tres de los congresistas tiene relaciones y vínculos con temas de baldíos”.
“Estos congresistas tienen las garantías procesales para explicar de dónde está la procedencia de esa tierra”, aseguró Harman.
Desde hace tiempo, se conoció que el gobierno le estaba poniendo el ojo a los procesos de acumulación de tierras, al tratarse de un punto clave del Acuerdo de Paz y de la reforma agraria a la que el Ejecutivo quiere ponerle el acelerador. Esta última fue, precisamente, el tema central del consejo de ministros.
